Principios internacionales de protección de la sociedad civil

Para proteger a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) contra la aplicación de los obstáculos jurídicos que se describen en este informe, esta sección busca formular principios que rijan y protejan a estas organizaciones de las intromisiones represivas de los gobiernos.

Principio 1: El derecho de admisión (libertad de asociación)

(1) El derecho internacional protege el derecho de las personas a formar, asociarse y participar en las organizaciones de la sociedad civil.

  • (a) Un derecho de amplio alcance. La libertad de asociación protege el derecho de las personas a establecer sindicatos, asociaciones y otros tipos de OSC.
  • (b) Propósitos ampliamente permisibles. El derecho internacional reconoce el derecho de las personas, a través de las OSC, a buscar la consecución de una gran variedad de objetivos. Por lo general, los propósitos permisibles abarcan todos los que sean ‘legales’ o ‘lícitos,’ e incluyen específicamente la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
  • (c) Fundadores que reúnen requisitos de forma amplia. La estructura de los derechos humanos internacionales se fundamenta en la premisa de que toda persona, incluidos los extranjeros, disfrutan de ciertos derechos tal como la libertad de asociación.

(2) No es necesario que las personas formen una entidad jurídica para poder disfrutar y ejercer la libertad de asociación.

(3) El derecho internacional protege el derecho de las personas a formar una OSC como entidad jurídica.

  • (a) El sistema para reconocer la condición jurídica de una entidad, ya sea una “declaración” o un sistema de “inscripción/incorporación/registro,” debe velar por que el proceso sea realmente accesible, con procedimientos claros, expeditos, apolíticos y de bajo costo.
  • (b) En el caso de un sistema de inscripción/incorporación/registro, la autoridad pertinente debe guiarse a través de pautas/requisitos objetivos y restringir la toma de decisiones arbitrarias.

Principio 2: El derecho a funcionar sin intromisiones estatales infundadas

(1) Una vez establecidas, las OSC tienen el derecho a funcionar sin intromisiones o injerencias estatales infundadas. El derecho internacional establece una presunción contra cualquier reglamentación o restricción que equivalga a una interferencia en los derechos reconocidos.

  • (a) La intromisión sólo puede justificarse cuando la ley la prescriba y la misma represente una necesidad imperativa para una sociedad democrática, en aras de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud o la moral pública, o la protección de los derechos y las libertades de otros.
  • (b) Las leyes y los reglamentos que rigen las OSC deben aplicarse y hacerse cumplir de forma justa, apolítica, objetiva, transparente y congruente.
  • (c) El cese involuntario de actividades o la disolución de una OSC debe cumplir con las normas del derecho internacional. La autoridad gubernamental pertinente debe guiarse a través de pautas objetivas y restringir la toma de decisiones arbitrarias.

(2) Las OSC están protegidas contra cualquier intromisión gubernamental infundada, en lo que respecta a su autoridad y sus asuntos internos. La libertad de asociación abarca la libertad de los fundadores y/o los miembros de reglamentar la autoridad y la dirección interna de la organización.

(3) Los representantes de la sociedad civil, ya sea en el plano individual o a través de sus organizaciones, están protegidos contra cualquier intromisión injustificada en su privacidad.

Principio 3: El derecho a la libre expresión

(1) Los representantes de la sociedad civil, ya sea en el plano individual o a través de sus organizaciones, gozan del derecho a la libre expresión.

(2) La libertad de expresión no sólo protege las ideas que se consideran como inofensivas o como una cuestión de indiferencia, sino también las que ofenden, conmocionan o perturban, ya que el pluralismo y la libre afluencia de ideas son aspectos fundamentales en una sociedad democrática. Por consiguiente, se protege la capacidad de las OSC de pronunciarse de forma crítica acerca de las leyes o sobre las políticas gubernamentales, y a hablar de forma favorable sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

(3) La intromisión en la libertad de expresión sólo puede justificarse cuando la ley la prescriba y ello sea indispensable para el respeto de los derechos o la reputación de otros, o para la protección de la seguridad nacional o del orden público, o bien, de la salud y la moral pública.

Principio 4: El derecho a la comunicación y la cooperación

(1) Los representantes de la sociedad civil, ya sea en un plano individual o a través de sus organizaciones, tienen el derecho de comunicarse y buscar la cooperación con otros representantes de la sociedad civil, la comunidad empresarial, las organizaciones internacionales y los gobiernos, tanto dentro como fuera de sus países de origen.

(2) El derecho a recibir e impartir información, independientemente de las fronteras, mediante cualquier medio que suponga una comunicación a través de Internet y de las tecnologías de información y comunicación.

(3) Las personas y las OSC tienen el derecho a formar y participar en redes y coaliciones a fin de incrementar la comunicación y la cooperación, al igual que para lograr sus fines legítimos.

Principio 5: El derecho a la libertad de reunirse pacíficamente

(1) Los representantes de la sociedad civil, ya sea en un plano individual o a través de sus organizaciones, gozan del derecho a la libertad de reunirse de forma pacífica.

(2) La ley debe garantizar una presunción a favor de la celebración de reuniones. No se debe exigir a quienes busquen reunirse que obtengan un permiso para hacerlo.

  • (a) Cuando se necesite una notificación previa, las reglas de éstas no deben ser onerosas que equivalgan a un requisito de solicitud de permiso o que den origen a una denegación arbitraria.
  • (b) La ley debe permitir las reuniones espontáneas, como excepción al requisito de notificación, cuando el envío de ésta sea algo que no es viable.

(3) La ley debe permitir la celebración de reuniones simultáneas o “contramanisfestaciones,” mientras reconoce la responsabilidad gubernamental de proteger las reuniones pacíficas y sus participantes.

(4) La intromisión en la libertad de reunión sólo puede justificarse cuando esté de conformidad con la ley y la misma sea necesaria en una sociedad democrática, en aras de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la moral o la salud pública, o la protección de los derechos y las libertades de otros.

Principio 6: El derecho a buscar y obtener recursos

Bajo parámetros muy amplios, las OSC tienen el derecho a buscar y obtener fondos de fuentes lícitas, entre las que se incluyen las personas, los negocios, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las instituciones intergubernamentales, al igual que los gobiernos locales, nacionales y extranjeros.

Principio 7: El deber estatal de brindar protección

(1) El Estado tiene la obligación de promover el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, al igual que la obligación de proteger los derechos de la sociedad civil. El deber del Estado es tanto negativo (es decir, abstenerse de injerir en los derechos humanos y las libertades fundamentales) como positivo (es decir, velar por el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales).

(2) El deber estatal incluye una obligación afín de velar por que el marco legislativo relativo a las libertades fundamentales y la sociedad civil sea propicio y por que se establezcan los mecanismos institucionales necesarios para garantizar los derechos reconocidos de todas las personas.